Uruguay Ambiental red uruguaya de ONGs ambientalistas |
ARTICULOS |
Gobierno, ONGs y ambiente
Sendas paralelas
Víctor L Bacchetta
Durante estos dos años, el gobierno y las organizaciones ambientalistas han sufrido fuertes desencuentros. Es que pese a algunos cambios, el ambientalismo critica el modelo de desarrollo instrumentado.
"Para nosotros, el actual gobierno arrancó en 2005 con muy buenos propósitos", declaró a Brecha Luis Moresco, integrante del Grupo de Estudio y Reconocimiento Geográfico del Uruguay (GERGU), de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico y actual presidente de la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas. La red es una asociación civil de segundo grado que agrupa a más de 40 organizaciones ambientalistas y profesionales dedicadas a temas ambientales, si bien no participan allí todas las entidades de este tipo existentes en el país.
Desde el gobierno, la sensación de entusiasmo no fue menor. "Se dio una circunstancia particular con la propuesta que me hizo el presidente al confiarme la cartera de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, curiosamente tres aspectos que desde nuestra docencia en la Facultad de Arquitectura habíamos tomado como algo integral", comentó a Brecha el ministro Mariano Arana. Además recordó que estuvo al frente de la Intendencia de Montevideo durante diez años. "Siendo tan importante la localización industrial dentro del área metropolitana, algunas preocupaciones que a nivel nacional debimos enfrentar estaban latentes en ese ámbito", dijo, y reivindicó "generar equipos altamente confiables, con una articulación muy fluida de lealtades y confianzas mutuas, así como de actuar en coordinación con otros ámbitos del gobierno".
La red de ONG recuerda las propuestas que surgieron al principio: definir estándares de calidad ambiental, un enfoque integrado de los recursos naturales que incluya los componentes territoriales, evaluaciones de impactos acumulados, un sistema de "desarrollo limpio" y de buenas prácticas en las empresas, estrategia de residuos sólidos y monitoreo ambiental ciudadano en todo el país, poner en marcha el sistema nacional de áreas protegidas y renovar la institucionalidad de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).
"Otra cuestión importante que el gobierno quería mejorar eran las audiencias públicas, sobre todo en la información previa, la difusión y los plazos, porque las audiencias existen pero tienen fallas que obstaculizan la eficacia de la participación", agregó Moresco. Disponiendo de técnicos profesionales y activistas que vienen trabajando desde hace décadas en los temas ambientales, la red de ONG se dispuso a participar en las nuevas instancias que surgieran y a volcar su bagaje intelectual y práctico en las tareas propuestas.
Desvíos y carencias
"En el camino aparecieron cosas que no estaban previstas, sobre todo la instalación de las fábricas de celulosa, que ocupó mayormente el escenario, mezclándose lo ambiental con lo económico, lo productivo, las fuentes de trabajo y el problema con Argentina. Éste fue un ingrediente importante porque desplazó otras cosas que debieran estar sobre el tapete", explicó Moresco. Y a esto se suma una serie de dificultades o carencias en los mecanismos de ejecución y de consulta.
Según Moresco, "un problema ya tradicional es que el Ministerio de Medio Ambiente nunca fue una cartera fuerte. Siempre ha tenido un presupuesto y una estructura insuficientes, y por lo tanto, poco peso frente a otros sectores del gobierno. Lo más grave es que en general este ministerio aparece en escena después de que los problemas se han instalado".
El ambientalista pone como ejemplo el caso de los humedales del río Santa Lucía, que las tres intendencias involucradas propusieron que se declararan área protegida. Sin embargo, un grupo privado organizó el año pasado una competencia náutica internacional con motos de agua y esquíes, actividad considerada sumamente dañina en medios acuáticos circunscriptos como éste. Se dispuso de la información con anticipación, pero ni las intendencias ni la DINAMA reaccionaron, y la actividad tuvo lugar en noviembre del año pasado.
Instancias de gestión ambiental como la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (COTAMA) "se han vuelto ámbitos de participación formal o de relevancia mínima", dice el investigador del CIEDUR Carlos Pérez Arrarte, representante de la red de ONG ante ese organismo. Según Pérez Arrarte, la agenda de la COTAMA no se discute, las reuniones son informativas y se presentan documentos a ser estudiados por el cuerpo con un día de anticipación, lo cual imposibilita a las organizaciones analizarlos efectivamente.
Otra inquietud de la red es la propuesta de una ley sobre los transgénicos, cuya elaboración fue encargada al Comité Nacional de Bioseguridad, creado en 2005 con representación del gobierno, empresas y ONG. Tras la prohibición de una variedad de maíz transgénico y la moratoria transitoria para autorizar nuevos eventos, resuelta por el Ministerio de Ganadería y Agricultura a fines de 2006 por recomendación del comité, éste fue disuelto en enero último y sustituido por una comisión interministerial que no se ha pronunciado.
El desencanto
"Hubo algunos avances, como esta moratoria, pero la percepción global es de un estancamiento en todo lo ambiental. Parece que la preocupación principal son los megaproyectos y se piensa que ésta es la solución para el país. Pero estas propuestas tienen un costo para los ciudadanos, porque vienen acompañadas de exoneraciones y privilegios, como las zonas francas, algo que no se le ha dado a otras actividades productivas que generan mucho más valor agregado y mano de obra", dijo Moresco.
Para el presidente de la red de ONG, "la forestación afecta al mayor recurso del país, los suelos de pradera, que sufren una alteración muy grande en la composición química y su fertilidad, y también las aguas. Por otra parte, la forestación está quitando espacios a otras actividades como la ganadería, la lechería e incluso la agricultura. El Ministerio de Ganadería y Agricultura es consciente pero parece no tener fuerza o decisión para abordarlo y lo está remediando con una política de silvopastoreo de efectos muy relativos".
La lista de preocupaciones de los ambientalistas prosigue con la ausencia de control en el uso de agrotóxicos, sobre todo en la soja y el área frutícola y hortícola de Montevideo, con el riesgo de intoxicaciones y malformaciones congénitas, y con la ausencia de acciones de carácter general para contrarrestar y adaptarse al cambio climático, a pesar de la existencia de varios proyectos y estudios realizados por organismos, ONG y técnicos nacionales. A lo anterior se suman las iniciativas para reabrir el debate sobre la energía nuclear.
La Red Uruguaya de ONG decidió recientemente en asamblea mantener su oposición a la revisión de la ley que prohíbe la instalación en el país de centrales nucleares para producir electricidad, considerando además que hay otras alternativas, como el uso de biomasa y la energía eólica. El ministro de Medio Ambiente, en cambio, se manifiesta dispuesto a discutir la cuestión y evaluar la posibilidad de utilizar una "tecnología nuclear limpia", que pueda garantizar que no habrá riesgos para la población y el ambiente.
Preguntado por Brecha sobre las críticas a la gestión gubernamental, Arana respondió: "Yo, sinceramente, respeto las apreciaciones que se pueden tener", y pasó a destacar el reconocimiento que existe en el mundo por Uruguay como defensor del ambiente. Si se cotejan las declaraciones de las organizaciones ambientalistas con las del gobierno, los discursos corren por sendas paralelas, a veces en la misma dirección y a veces en sentido contrario, pero con pocos o ningún punto de contacto.
En la problemática ambiental, cada vez más amplia (incluye aspectos económicos, sociales, políticos y culturales que antes se analizaban por separado), existe unanimidad en la preservación del ambiente y en la aspiración de ajustar el modelo de desarrollo a esta premisa. Pero las vías y los medios para transitar en esa dirección se separan según las urgencias y enfoques de los actores sociales involucrados. Este dilema es frecuente a nivel global y Uruguay no podía ser una excepción.
Publicado en Semanario Brecha, Montevideo, el 26 de octubre de 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.