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Papeleras: La dificultad de manejar la incertidumbre
Gerardo Honty
Los técnicos de la DINAMA pidieron ciertos informes clave para determinar el grado de contaminación de Botnia ANTES que comenzara su construcción. Por alguna razón incomprensible las autoridades cambiaron "construcción" por "operación" permitiendo el inicio de las obras sin saber a ciencia cierta cómo es el proyecto aprobado.
En Chile la planta de Arauco (de tecnología similar a las que aquí se van a instalar) fue acusada de ser la responsable de la casi extinción de los cisnes de cuello negro y otras varias especies del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter en Valdivia. Apenas a 4 meses inaugurada la planta de celulosa, de los 5000 cisnes que habitaban el Santuario quedaban 160. En abril de 2005 la fábrica fue clausurada. Pero a pesar que un completo estudio de la Universidad Austral de Chile comprobó que la contaminación del Santuario provino de la planta de Celulosas Arauco, el Supremo Tribunal de Justicia de Chile le permitió reabrir la planta un mes después, basado en otro estudio, realizado por la Universidad de Concepción, que negaba la responsabilidad de la planta. ¿Es que los científicos de Concepción son mejores que los de la Austral? ¿Es la Suprema Corte de Justicia quien puede decidir cual informe es el correcto?[1] ¿Cómo deben vincularse los estudios técnicos con las decisiones políticas?
Incertidumbre
Hay un par de problemas de base en la discusión sobre los impactos ambientales de las plantas de celulosa. El primero es la falta de información básica sobre los ecosistemas de nuestro país –en particular en este caso sobre el Río Uruguay- que lleva a los técnicos a hacer suposiciones y llenar huecos de información con investigaciones sobre otros ecosistemas. En el caso de la empresa Arauco de Chile, el conflicto en los tribunales condujo a nuevas investigaciones que arrojaron conocimientos nuevos sobre la ecología del río Cruces y el Santuario Carlos Anwandter que no se tenían antes de la instalación de la planta.
Un segundo problema es la interpretación que se hace de las normativas y estándares ambientales confundiendo el cumplimiento de las normas con la ausencia de impactos. Los estándares ambientales de la Unión Europea, de la EPA o de cualquier otra agencia no son más que acuerdos entre los gobiernos y las empresas para definir cual es el máximo de contaminación exigible en función del estado de la tecnología y la economía en cada uno de los sectores. Pero poco o nada tienen que ver con los límites saludables para las personas o los ecosistemas. Un ejemplo claro de esto es la evolución de la normativa internacional de los niveles de plomo en las naftas. Desde la década de 1970 hasta la fecha se han ido reduciendo progresivamente los niveles aceptables de plomo, no porque antes de esa fecha no se supiera que el plomo dañaba la salud de las personas sino porque todavía no se habían encontrado sustitutos económicamente viables.
Controles
Uno de los argumentos más utilizados por las autoridades nacionales para llevar tranquilidad a los uruguayos es que la DINAMA tiene la capacidad técnica necesaria para realizar un correcto monitoreo y que en caso de contaminación la industria sería cerrada. Sin embargo, más allá de la capacidad técnica de los profesionales de la DINAMA, hay que reconocer que las razones ambientales no siempre son las que terminan guiando sus decisiones. Veamos algunos ejemplos.
A fines de 1999 la DINAMA había interpuesto 33 observaciones al proyecto del Gasoducto Cruz del Sur. El 11 de febrero del año 2000 la empresa se negó a aceptar cuatro de aquellas treinta y tres observaciones y por pura decisión política le fue concedida la autorización ambiental dejando de lado las razones técnicas que los funcionarios de DINAMA esgrimían. Un año después, empresarios arroceros de Artigas presentaron un proyecto para la construcción de una represa que inundaría 500 hectáreas y destruiría más de 100 hectáreas de monte indígena. Tanto los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como los del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente informaron negativamente el proyecto por los enormes daños ambientales que ocasionaría. No obstante ello, el ministro de Medio Ambiente de la época otorgó la autorización ambiental en enero de 2002.
Por una palabra
Sin embargo el caso más significativo es el que acaba de pasar ahora mismo con relación a la planta de celulosa de la empresa Botnia. Según la resolución del 14 de febrero de 2005 firmada por el entonces ministro Saúl Irureta, una serie de estudios y planes relacionados con el funcionamiento de la planta deben ser presentados antes del inicio de la etapa de operación de la misma. Nos referimos a temas clave para poder evaluar certeramente la probabilidad de ocurrencia de impactos ambientales significativos. A saber:
- Plan de implementación de medidas de mitigación y compensación. (incluye áreas clave como ruidos, olores, turismo, pesca, etc,)
- Plan de monitoreo y seguimiento (incluye definir previamente los parámetros, las frecuencias de las tomas, lugares de muestreo, técnicas a utilizar, etc)
- Plan de contingencias
- Plan de abandono
- Plan de gestion del predio no afectado directamente por la planta
- Plan de prevencion de accidentes
- Plan de gestion ambiental (que incluye el Plan de manejo de los residuos solidos)
- Plan de acondicionamiento paisajístico
Sin embargo, el informe de la División de Evaluación de Impacto Ambiental de la DINAMA del 11 de febrero pide a la empresa exactamente lo mismo, salvo una única y sustancial diferencia: requiere de todos estos planes y estudios para antes de su etapa de construcción[2].
La diferencia no es nada menor pues tal como dice el informe técnico:
"Hubo ciertas carencias en la evaluación de algunos impactos, que se debieron a:
...- inexistencia del conocimiento científico necesario para estimar algunos efectos."
Y más adelante:
"En cuanto a aquellos temas en que no hay conocimiento científico suficiente o concreto que pudiera refutar las afirmaciones que hace la empresa en cuanto a la inocuidad del efecto de sus emisiones, se opta por apostar al monitoreo continuo y exhaustivo de todos los parámetros y bioindicadores necesarios."
Es evidente que los técnicos de la DINAMA están pidiendo los planes de monitoreo, de gestión ambiental, de tratamiento de residuos, etc. previo a la etapa de construcción pues sólo una vez en poder de esta información van a poder decidir con mayor certeza si los impactos ambientales serán o no significativos, sobre todo si esperan con estos datos cubrir los baches creados por la "inexistencia de conocimiento científico".
La decisión de permitir la construcción de la planta sin contar con esta información no fue una decisión técnica, sino política en la cual los técnicos de la DINAMA no tienen ninguna responsabilidad. Y me pregunto: ¿qué va a pasar si los planes que presente Botnia una vez que la planta esté construida no son los adecuados o no terminan de llenar las lagunas de la falta de conocimiento científico?
Más controles
La experiencia anterior tampoco puede darnos garantías de la capacidad de las instituciones nacionales para el control de los emprendimientos cuando están en operación. Y también podemos citar algunos ejemplos. Uno de los más conocidos y evidentes es el de DIROX.
Desde su etapa de construcción en 1996, la empresa química sufrió varias amonestaciones y cuatro clausuras por causa de irregularidades comprobadas por las autoridades nacionales y municipales. A fines de 2002, el recién nombrado ministro Irureta, declaraba ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado: "observando desde afuera creo que la DINAMA ha adolecido de lentitud y dudas frente a la problemática planteada (...) Acá nos comprometemos a realizar todas las acciones necesarias de inmediato" pues los vecinos "tienen razones para estar inquietos". Una auditoría ambiental y el trabajo de una comisión multisectorial integrado por el propio ministerio del ambiente, formularon una larga serie de medidas, correcciones y planes que la empresa tenía que iniciar inmediatamente. A la fecha de la renuncia de Irureta dos años después, la empresa seguía funcionando sin que nada en la empresa hubiera cambiado.[3]
Otro ejemplo de las dificultades institucionales que tenemos para establecer controles acaba de quedar al descubierto el año pasado cuando Rapal Uruguay y el Colectivo Bioptimistas denunciaron la venta de semillas de maíz transgénico sin etiquetar. Los reglamentos y mecanismos de control sobre este tipo de semillas fueron los argumentos con los que se tranquilizó a la población ante la amenaza ambiental que significaba la liberación de maíz MON 810. Sin embargo, a pesar de ello, el maíz transgénico estuvo vendiéndose sin ningún control al menos durante seis meses el año pasado hasta que fue denunciado por las ONGs.
Lo que vendrá
Más allá de lo que está pasando ahora con estos proyectos celulósicos parece importante revisar la manera en que nuestro país está encarando los temas ambientales. Muchos otros proyectos van a discutirse en los próximos años, tanto o más graves que este, como puede ser la instalación de una usina nuclear promovida algunos actores políticos. El caso de las plantas de celulosa es uno ejemplo más –quizá el de mayor dimensión- de la complicada trama de asuntos sociales, técnicos y políticos que deben conjugarse antes de tomar una decisión. La participación de profesionales universitarios en una Evaluación de Impacto Ambiental o en los controles de DINAMA no tiene mayor relevancia si después las autoridades nacionales o las empresas que contratan los estudios, no incorporan todo lo que los técnicos informan. El manejo de la información, la seriedad de los informe técnicos, el respeto por las opiniones ciudadanas, la aceptación de la incertidumbre, entre otros, son capítulos de la dimensión ambiental en los que el país muestra carencias y los problemas se van a suceder, aún después de instalados los proyectos.
Notas:
[1] Abundante información sobre este caso está disponible en www.accionporloscisnes.org. Actualmente ya se habla de más de 3 ríos contaminados por la planta de celulosa.
[2] Ambos documentos pueden encontrarse en www.dinama.gub.uy
[3] Un buen resumen de este proceso puede verse en el artículo de Virginia Matos "Dirox: Tóxico ejemplo de la inercia estatal" www.rel-uita.org/agricultura/ambiente/dirox.htm
G. Honty es sociólogo y Presidente de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas. Publicado en Brecha el 10 de febrero de 2006. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.