Evaluación del Impacto Ambiental: historias olvidadas

Eduardo Gudynas

Pocos días atrás, el ministro de Vivienda y Medio Ambiente, Mariano Arana, anunció la suspensión por seis meses de un decreto que regulaba las evaluaciones de impacto ambiental. La noticia ha desencadenado una creciente polémica, ya que la norma suspendida era más completa y exigente para evaluar los posibles efectos ambientales. La respuesta ministerial ponía el acento en que ese decreto fue aprobado en uno de los últimos días del gobierno Batlle, sin consultas, y que temían que podía interferir con inversiones.

Es cierto que el nuevo decreto fue aprobado en sigilo y tomó a casi todos por sorpresa. Pero también es verdad que contenía avances sustantivos, como evaluar los efectos de las plantas de residuos sólidos o de descarga de barométricas, forestaciones de más de 100 hás, mejores sistemas de información pública, e incluso la obligatoriedad de las audiencias públicas para emprendimientos de mayor impacto. Al suspenderse este decreto, se vuelve a la situación anterior, donde muchos emprendimientos no quedan sujetos a la evaluación del impacto ambiental. Este hecho desencadenó el debate: muchas organizaciones ciudadanas consideraron que se "rebajaban" las exigencias ambientales nacionales, le daba una nueva oportunidad a emprendimientos cuestionables, y se volvía a poner el acento en defender las inversiones.

Para poder realizar un análisis más riguroso de este problema es conveniente realizar un breve ejercicio de recuperación histórica, que todos deberían tener en cuenta. El Frente Amplio siempre ha tenido una relación intensa y sostenida con las normativas en impacto ambiental. La ley marco en esa materia (16.466 de 1994), se originó en un proyecto presentado en 1991 por el ministro del ambiente, en aquel entonces Raúl Lago (quien fuera después secretario de la presidencia con Batlle). Pero tanto colorados como blancos la combatieron en el Parlamento, y la defensa de la norma quedó en manos del senador frenteamplista Leopoldo Bruera (Partido Comunista), y con el apoyo de todo el FA, logró conseguir la aprobación de la ley. En ese largo camino el gobierno nacional recortó la norma en varios aspectos críticos, como por ejemplo excluir de la evaluación del impacto ambiental a las plantaciones forestales de producción. El FA defendió la que podría llamarse "ley Bruera", buscando solucionar aquellas limitaciones y mejorar los controles ambientales. A lo largo de años, los legisladores frentistas presentaron varias iniciativas para mejorar la norma.

Por ejemplo, en 1996, los diputados Ramón Legnani y Jorge Coll promovieron un proyecto de ley que ampliaba los emprendimientos sujetos a la evaluación ambiental, incluyendo la forestación para obtener madera, mejoraban la información al público (por ejemplo, incorporando a las Juntas Departamentales) y se hacían obligatorias las audiencias públicas en los casos de mayor impacto. Aquel proyecto fue apoyado por 30 diputados del FA, incluyendo a figuras como G. Alvarez, J. Bayardi, G. Chifflet, J. Mujica, D. Tourné o E. Rubio. El mismo proyecto fue presentado nuevamente en la anterior legislatura, a partir de una iniciativa que incluyó a varios representantes (como Percovich, Sendic, Topolansky, etc.).

Esta historia, apenas resumida, deja en evidencia una paradoja: el ministerio del ambiente acaba de suspender una norma que rescataba muchas de las exigencias que la izquierda ha planteado en los últimos diez años en el Parlamento. Es cierto que las piezas del nuevo gobierno todavía se están acomodando, y si bien aquí puede haber operado impericia, apresuramiento o enojo frente a una jugarreta del gobierno Batlle, también hay que reconocer que la suspensión es un mensaje desalentador. Como la medida es temporal, se vuelve urgente actuar para contar con un mejor reglamento de evaluación ambiental. En ese esfuerzo todos deberían tener presente la propia historia del FA en su ejercicio parlamentario.

[Publicado en La República, jueves 31 de marzo 2005.]

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