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Comunicado de Prensa
La Red Uruguaya de ONGs ambientalistas ante las plantas de celulosa
Comentarios al borrador del Banco Mundial
Este martes 14 de febrero la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial realizará una Audiencia Pública para recibir comentarios a su Evaluación de Impactos Acumulativos de las plantas de Botnia y Ence en Fray Bentos (Torre de los Profesionales hora 15:00). La Red ha elaborado un informe crítico del mismo que estará en nuestro sitio www.uruguayambiental.com a partir del próximo miércoles 15.
Algunos de sus puntos que se resumen abajo son:
- El estudio tiene errores técnicos importantes como confundir sábalos con sardinas.
- Las exigencias de los técnicos de la DINAMA no fueron respetadas
- Falta conocimiento científico y datos concretos para poder hacer una evaluación veraz.
- No estamos seguros de los beneficios económicos ya que:
- No existen datos oficiales sobre la generación de empleos
- El estado uruguayo transferirá a los estados de Finlandia y España US$ 40: al año.
- Se aumentará la forestación sin que sepamos cuales son sus impactos ambientales.
1. Estamos ante la instalación de al menos tres emprendimientos industriales que forman parte de uno de los sectores de la industria más contaminantes del mundo. Asimismo, en el caso de Fray Bentos nos encontraos ante un complejo celulósico que será uno de los mayores del planeta. Si bien hay cientos de plantas en el mundo muchas de ellas han causado impactos enormes como ENCE en España, las plantas Aracruz y Cataguazes en Brasil o CELCO en Chile.
2. No estamos seguros que la magnitud de los impactos de las plantas de celulosa vaya a ser tan poco significativa como se asegura; principalmente por los ejemplos internacionales mencionados, pero también debido a la falta de conocimiento que existe sobre los ecosistemas en los que se van a asentar estos emprendimientos. Esto ha sido reconocido por la División de Estudios de Impacto Ambiental de la DINAMA cuando expresa: " Hubo ciertas carencias en la evaluación de algunos impactos, que se debieron a: ...- inexistencia del conocimiento científico necesario para estimar algunos efectos." [1]
3. En el caso particular de la empresa Botnia nos preocupa la falta de una serie de datos que la División de Estudio de Impacto Ambiental había solicitado previo a la construcción del planta y que no han sido entregados. A saber:
- Plan de implementación de medidas de mitigación y compensación. (incluye áreas clave como ruidos, olores, turismo, pesca, etc,)
- Plan de monitoreo y seguimiento (incluye definir previamente los parámetros, las frecuencias de las tomas, lugares de muestreo, técnicas a utilizar, etc)
- Plan de contingencias
- Plan de abandono
- Plan de gestion del predio no afectado directamente por la planta
- Plan de prevencion de accidentes
- Plan de gestion ambiental (que incluye el Plan de manejo de los residuos solidos)
- Plan de acondicionamiento paisajístico
4. También nos preocupa la inconsistencia entre las recomendaciones técnicas de la DINAMA y las resoluciones finales del MVOTMA tal como queda plasmado con los planes mencionados en el punto anterior que fueron solicitados previo a la etapa de construcción pero la decisión ministerial permitió que la construcción comenzara sin que la empresa haya presentado estos datos. Situaciones similares a esta -en que los equipos técnicos ministeriales hacen ciertos requerimientos y las autoridades toman resoluciones distintas- ya las vivimos anteriormente en otras oportunidades como ocurrió con las Autorizaciones del Gasoducto Cruz del Sur y de la represa de Mandiyú [2].
5. Estamos convencidos de la capacidad técnica de los profesionales uruguayos. Sin embargo la experiencia acumulada en estos pocos años de existencia del MVOTMA ha dejado al descubierto debilidades institucionales que dificultan el cumplimiento de sus cometidos de control. Como ejemplos de estas situaciones podemos citar las innumerables infracciones de la empresa DIROX o la venta pública de semillas transgénicas sin etiquetar [3].
6. No estamos convencidos que asumir todos estos riesgos tenga una compensación económica pues por estar en una Zona Franca estos proyectos no recaudarán impuestos. Estimamos que solamente de IRIC (Impuesto a la Renta de Industria y Comercio) Uruguay dejará de percibir una cifra del orden de US$ 120 millones anuales. Parte de esta cifra -que sumará ganancias a la empresa- sí será pasible de un impuesto similar que recaudan el estado finlandés y el estado español. Esto significa que el estado uruguayo resignará una suma cercana a los 40 millones de dólares anuales que irán a engrosar las arcas de los estados europeos, una situación inadmisible dadas las condiciones económicas comparativas de nuestros países. También resulta inadmisible que siga aumentando la presión fiscal sobre la industria y el trabajo nacional mientras se beneficia con este tipo de exoneraciones a empresas económicamente tan poderosas.
7. Por otra parte, mientras el estado deja de recaudar los impuestos que legítimamente le corresponden, deberá realizar una serie de erogaciones derivadas de las necesidades de infraestructura y servicios que estas actividades industriales demandarán.
8. Las estimaciones de puestos de trabajo creadas por las plantas de celulosa y manejadas a nivel oficial han sido elaboradas por las propias empresas y no existe (o no es pública) ninguna evaluación gubernamental a nivel de OPP que de alguna garantía de seriedad a las especulaciones empresariales. Las estimaciones conocidas arrojan resultados asombrosamente dispares: mientras la planta de Botnia que procesará 1: 000.000 de toneladas afirma crear 8155 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos, la empresa Ence con una capacidad productiva de 500.000 toneladas apenas generará 793 empleos también entre directos, indirectos e inducidos. ¿Cómo se explica que una planta que tiene el doble de dimensión que la otra pueda generar 10 veces más puestos de trabajo?
9. Más allá de los impactos ambientales negativos específicos de las plantas aún está sin resolver en Uruguay el problema de los impactos ambientales de la forestación. Existen estudios nacionales e internacionales que afirman la existencia de estos impactos y hay evidencia testimonial de los mismos relevadas en distintos puntos del país. Sin embargo, esta producción se verá incrementada e incentivada, sin que hayamos tenido una sola evaluación de impacto ambiental de esta actividad. Tampoco existe en el país un Plan de Ordenamiento Territorial ni una Evaluación Ambiental Estratégica que establezca límites o criterios al desarrollo de la forestación.
10. Por estas y otras razones que se presentan en el documento de Comentarios al Borrador de la CFI es que la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas expresa sus fundamentados temores y dudas ante la inminente concreción de estos dos proyectos celulósicos a instalarse en Fray Bentos al menos en sus condiciones económicas y ecológicas actuales.
11. Si finalmente, a pesar de todos los cuestionamientos expresados por esta organización y otras de la sociedad civil, estas plantas son instaladas, con la tecnología propuesta u otra tecnología, en este u otro contexto económico, la Red recomienda a las autoridades nacionales e instituciones financieras:
1) No reducir o contravenir las exigencias, requerimientos o medidas solicitadas en los informes técnicos de la DINAMA u otras reparticiones del estado en aquellos temas que puedan tener relevancia para el medio ambiente.
2) Crear un comité de monitoreo y seguimiento binacional uruguayo-argentino, con participación de la sociedad civil de ambos países y del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) para otorgarle mayores garantías de neutralidad internacional y capacidad técnica.
Contacto:
Gerardo Honty
Presidente Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas
Tels. 9028554 - 9024547 - 3227822
[1] Informe Final de la DEIA, Expte : 2004/14001/1/01177 del 11 de febrero de 2005.
[2] A fines de 1999 la DINAMA había interpuesto 33 observaciones al proyecto del Gasoducto Cruz del Sur. El 11 de febrero del año 2000 la empresa se negó a aceptar cuatro de aquellas treinta y tres observaciones y por pura decisión política le fue concedida la autorización ambiental dejando de lado las razones técnicas que los funcionarios de DINAMA esgrimían. Un año después, empresarios arroceros de Artigas presentaron un proyecto para la construcción de una represa que inundaría 500 hectáreas y destruiría más de 100 hectáreas de monte indígena. Tanto los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como los del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente informaron negativamente el proyecto por los enormes daños ambientales que ocasionaría. No obstante ello, el ministro de Medio Ambiente de la época otorgó la autorización ambiental en enero de 2002.
[3] Desde su etapa de construcción en 1996, la empresa DIROX sufrió varias amonestaciones y cuatro clausuras por causa de irregularidades comprobadas por las autoridades nacionales y municipales. Una auditoría ambiental y el trabajo de una comisión multisectorial integrado por el propio ministerio del ambiente, formularon una larga serie de medidas, correcciones y planes que la empresa tenía que iniciar inmediatamente. A la fecha de hoy los vecinos aseguran que la empresa sigue funcionando sin que nada haya cambiado. El año pasado, Rapal Uruguay y el Colectivo Bioptimistas denunciaron la venta de semillas de maíz transgénico sin etiquetar. Los reglamentos y mecanismos de control sobre este tipo de semillas fueron los argumentos con los que se tranquilizó a la población ante la amenaza ambiental que significaba la liberación de maíz MON 810. Sin embargo, a pesar de ello, el maíz transgénico estuvo vendiéndose sin ningún control al menos durante seis meses el año pasado hasta que fue denunciado por las ONGs.
Publicado el 14 de febrero de 2006.