Gobierno y ambiente: Una relación difícil

Víctor L. Bacchetta

Los problemas ambientales del país no surgieron con el gobierno que asumió el 1 de marzo de 2005. Algunos vienen de larga data, otros se iniciaron en la década anterior, y todos se hicieron más notorios con la creciente conciencia que llevó a la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en 1990, y a la sanción de leyes específicas en los años siguientes. Incluso, por resoluciones orgánicas y declaraciones realizadas durante la campaña electoral, el Frente Amplio generó expectativas de cambio también en esta área.

Tabaré Vázquez dijo, en un discurso en Minas de Corrales, el 5 de junio de 2004: “(…) a veces, es la producción de fábricas o la producción de determinados elementos que el mundo desarrollado sabe que producen la destrucción del ambiente (…) y sabiendo de las necesidades de trabajo de los países más pobres, con su gente empobrecida, nos traen acá inversiones en industrias que destruyen el ambiente”.

Sin embargo Vázquez, ni bien asumió, recibió a directivos de Botnia e hizo suyas las decisiones de sus predecesores sobre las plantas proyectadas en Fray Bentos. A pesar de las solicitudes, la Presidencia no concedió entrevistas a personas o entidades críticas de los monocultivos de árboles y la producción de celulosa en gran escala, y pasó a defender ese modelo de inversión porque permite industrializar el país y por la necesidad de generar fuentes de trabajo.

Algo similar ocurre con la reforma constitucional sobre el agua aprobada en el plebiscito del 31 de octubre de 2004, con el respaldo del FA y sus aliados. El gobierno electo interpretó que la reforma no cuestionaba los contratos existentes con empresas privadas de suministro de agua potable y no ha implementado aún sus disposiciones en materia de participación y control social con el fin de asegurar un manejo sustentable y equitativo de los recursos hídricos.

De ahí en adelante se instaló una relación con picos de tensión entre el gobierno y las organizaciones ambientalistas, que han sido rotuladas por el oficialismo como fundamentalistas, ecofascistas o partidarias del crecimiento cero, cuando no en términos más despectivos. A la vez, las mismas autoridades hacen declaraciones genéricas y categóricas en pro del ambiente, que vuelven cualquier cuestionamiento una ofensa o una falta de confianza personal inaceptable.

Varias caras, poco movimiento

Eduardo Gudynas, secretario del Centro Latino Americano de Ecología Social y de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, que asiste a instancias de consulta convocadas por el gobierno, dice que “el actual gobierno tiene muchas caras frente a la temática ambiental, hay diferencias entre ministerios e incluso dentro de ministerios de acuerdo a las actitudes personales”, y observa “cierto inmovilismo donde se hace difícil abordar la gestión con eficiencia e innovación”.

“En general, este gobierno ha mantenido los espacios de diálogo con la sociedad civil y se han creado otros nuevos, comisiones asesoras del Ministerio del Medio Ambiente, áreas protegidas y otras”, agrega. Pero persistirían temas pendientes, y lamenta que el conflicto con Argentina “en lugar de disparar la gestión ambiental, profundizarla y ampliarla a todo el país, parece terminar en una situación donde es un tema sobre el que se avanza muy lentamente”.

Para Gudynas, no se aborda –especialmente en algunos sectores– la temática ambiental de una manera moderna: “Se dio un buen paso con la moratoria sobre los transgénicos, pero no se aprovechan las opciones competitivas que brinda el eslogan de Uruguay Natural ni la producción orgánica. En el sector de energía, los coqueteos con combustibles nucleares y el carbón significarían seguir dependiendo de combustibles importados y aumentarían los impactos ambientales”.

Daniel Panario, director de la Unidad de Epigénesis de la Facultad de Ciencias, coincide en que “las competencias reales siguen en manos de diferentes actores”, y considera que a dos años de la actual gestión gubernamental “aún no hay una política ambiental definida”. Estima asimismo que hubo un refuerzo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que era técnicamente muy débil, pero el único esfuerzo que ubica en una dirección correcta es el del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Entre las carencias, Panario subraya la no implementación de la reforma constitucional del agua, la forestación con la misma política de capitalismo salvaje, la falta de exigencia de un procedimiento adecuado a las industrias (como la no exigencia a las pasteras de una planta de tratamiento terciario de aguas residuales), ni su previsión en futuros emprendimientos estatales. E indica que “obras de presumible fuerte impacto como el puente sobre la laguna Garzón, para unir la zona costera de los departamentos de Maldonado y Rocha, se anuncia ahora sin anestesia”.

Problemas generacionales

“Hablar genéricamente de las necesarias inversiones y puestos de trabajo es el mismo concepto neoliberal que se oye en otros lugares, sin cuestionarse qué significan esos megaproyectos para el ambiente, la población y el desarrollo social”, comenta el ingeniero químico Ignacio Stolkin, quien asesoró a miembros del gobierno hasta que emitió un parecer técnico contrario a las plantas de celulosa. “Se está haciendo lo mismo que hizo Europa hace 40 o 50 años”, concluye.

Para Gudynas, el problema es que el liderazgo proviene de una generación anterior a la aparición de la temática ambiental. “Persisten ideas y sueños de un desarrollo básicamente material, con muchas máquinas y grandes edificios, donde el ambiente es un costo que puede ser atendido pero no debe entorpecer el crecimiento económico”, afirma. Esta idea, dice, se encuentra profundamente arraigada en la cultura de una generación, más allá de partidos. “Eso explica que algunos dirigentes sindicales defiendan proyectos productivos mirando únicamente los puestos de trabajo, pero no la calidad de ese trabajo; que sólo una minoría de la academia aborda la cuestión ambiental de manera más profunda que la mera participación en consultorías sobre impacto ambiental, y lo mismo se repite en buena parte de la prensa uruguaya”. Y sentencia: “La profundización del tema ambiental está esperando por la próxima generación progresista”.

La izquierda de los años cincuenta y sesenta, donde se formaron varios dirigentes del actual gobierno, fue tributaria del pensamiento socialista desarrollado por Carlos Marx. Si bien para Marx la lucha de clases era el motor de la historia, el marxismo de la época asumió que el inevitable avance de las fuerzas productivas conducía en forma inexorable al socialismo. La dimensión ambiental, que impone límites y condiciones al desarrollo, no integraba ese marco teórico. Esto se volvió evidente con los desastres ambientales conocidos tras el derrumbe de la Unión Soviética y prosigue con los serios impactos del crecimiento vertiginoso en China.

Hoy se rescatan referencias de Marx sobre la sobreexplotación y el saqueo del trabajador y la naturaleza. Hay reformulaciones, como el “ecosocialismo” de Michael Lowy y otros. En la izquierda uruguaya, sin embargo, la discusión teórica se estancó 40 años atrás. El gobierno del FA ha retomado una visión “desarrollista” que en los años sesenta tuvo cierto auge. Se busca un crecimiento económico con justicia social y el ambiente ha sido formalmente integrado al desarrollo. Pero el cambio prometido sigue dependiendo del primado de la sociedad y el ambiente sobre la lógica del capital.

Publicado en el semanario Brecha el 2 de marzo de 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.

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